No hay mejor ciego que el no quiere ver

No hay mejor ciego que el no quiere ver

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Este número de nuestra revista tiene que salir en la frontera de las elecciones generales. Yo escribo cuando ni sé quien va a ganar, y de lo voy a escribir no tiene que ver con quien gane o deje de

ganar. Al margen de la política hay otros asuntos.Personas que luchan por un sitio junto al sol. Por los derechos primarios. Un hombre un voto. Pero en el sistema electoral español, como en casi todos los sistemas democráticos no siempre se cumple esa premisa. En un proceso electoral hay personas que deciden ser candidatos y están regulados sus derechos, solo causas graves impiden a un ciudadano presentarse a unas elecciones. Existen los electores y, de igual modo, se establece claramente quien tiene el derecho de ser elector. Pero hay una tercera figura que incumbe también a los procesos electorales cual es la administración electoral. Presidentes de mesas, interventores, etc. Para algunos ciudadanos pertenecer a ese cuerpo de administración electoral supone un honor, para otros, una molestia, pero en cualquier caso es un derecho ciudadano. Para ejercerlo se exige, básicamente, saber leer y escribir y no ser candidato. Ricardo Abad, de Cullera, tiene 42 años y cumple los requisitos anteriores. Fue designado para presidir una mesa electoral y acudió a la Junta, según sus palabras, "por responsabilidad". Se siente ciudadano con todos sus derechos y es de los que tienen el orgullo de poder ser partícipe activo del proceso electoral. Pero Ricardo Abad es ciego desde los 20 años como consecuencia de un accidente de tráfico, pese a lo cual, una vez leído el manual para presidir mesas electorales, comprueba que puede ejercer la casi totalidad de las funciones inherentes al cargo. Manifestó a la Junta que su única dificultad estaba en comprobar la firma de los interventores a través del carnet de indentidad, lo que podría llevarse a cabo sin dificultad con la ayuda de un asistente por lo que reclamó "ser parte activa de la administración electoral".

La Junta electoral de Sueca no entendió sus argumentos y le eximió de su responsabilidad invocando un acuerdo de la Junta Electoral Central del año 2000 que establece que la ceguera "impide el desarrollo de las funciones encomendadas a los miembros de las mesas electorales".

Ricardo Abad ha elevado un recurso ante la Junta Provincial alegando que esa doctrina está ya superada por normas más recientes. Por ejemplo, la ley de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad de 2003 cita expresamente que en dos año el Gobierno establecerá condiciones básicas de accesibilidad para que los discapacitados puedan participar en la vida política y en los procesos electorales. Y alega además que la recién aprobada Ley de Dependencia prevé la figura del asistente para que las personas sordas puedan tratar con la Administración. Si yo tuviera que decidir, está claro que tendría en cuenta esas alegaciones y validaría a Ricardo Abad como presidente de la mesa electoral. Sería un avance en las conquistas integradoras del colectivo de personas con discapacidad y no se perjudicaría en absoluto el normal funcionamiento de la administración electoral. Pero una cosa, para muchos, es predicar y otra dar trigo. O como dice Ricardo Abad, poniéndose en lo peor: "Me alegro cuando se aprueban determinadas leyes, pero no cuando se incumplen".

José Luis G. Coronado
Presidente Fundación Capaces.

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